Este III Congreso Nacional está promovido por el CERMI y la Fundación Derecho y Discapacidad, que han escogido Granada por las múltiples vinculaciones de esta ciudad con la inclusión de las personas con discapacidad desde la sociedad civil y la academia. 

 

Así lo afirma Esperanza Alcaín, Patrona de la Fundación Derecho y Discapacidad y directora de este Congreso, en una entrevista publicada en el número 447 del boletín ‘cermi.es semanal’, en donde afirma que el Derecho de la Discapacidad se trata de una disciplina jurídica autónoma, “perfectamente” fundamentada en normas y principios, y que cumple una “importante” función de cohesión tanto en disciplinas de Derecho público como de Derecho privado.

 

Para ella, el Derecho de la Discapacidad no es una disciplina para las personas con discapacidad, sino una más de nuestro ordenamiento jurídico. En este sentido, afirma que es “muy importante” la realización de estos Congresos “para propiciar la puesta en común y el intercambio de opiniones sobre los distintos temas relacionados con la discapacidad”.

 

Según explica, en el plano social, estos Congresos tienen “un gran valor”, ya que es “un cauce idóneo” para que desde el movimiento asociativo de la discapacidad se traslade al ámbito profesional y académico la realidad y reivindicaciones del sector, así como propuestas y líneas de trabajo; visibiliza la existencia de prestigiosos profesionales con discapacidad que participan como ponentes especialistas, así como congresistas que con su participación y sus comunicaciones realizan aportaciones “muy cualificadas”; al tiempo que contribuyen a erradicar una de las principales barreras que siguen existiendo, como es la desinformación en relación con el sector de la discapacidad. 

 

“La toma de conciencia del modelo social de la discapacidad, y todo lo que conlleva, es tarea pendiente en la sociedad, y desde las ediciones del Congreso Nacional del Derecho de la Discapacidad colaboramos en ella”, añade.

 

En cuanto a su valor jurídico, Alcaín señala que este Congreso constituye un “importante” foro jurídico para congregar a profesionales de todas las áreas del Derecho, “un referente en esta materia, pues no hay otro con estas características”, también cumple una función de diagnóstico de los avances legislativos, doctrinales y jurisprudenciales, así como de las lagunas de nuestro ordenamiento jurídico. “Se marcan rutas para seguir avanzando en la configuración del Derecho de la Discapacidad”, agrega.

 

Además, incide en que “es importante” destacar que no es un congreso de carácter meramente teórico, sino que por el contrario permite conectar con la realidad de las personas con discapacidad, con los problemas de las asociaciones, entidades y familias. En definitiva, constituye una base para diseñar los futuros trabajos a realizar desde el conocimiento real de la situación del sector de la discapacidad.

 

Por otra parte, aborda cómo el Derecho de la Discapacidad se trata de una rama jurídica consolidada, en cuya construcción se implica a las entidades del movimiento asociativo de la discapacidad y del Tercer Sector, ya que, explica, actualmente este está configurado como un operador jurídico más, como agente dinamizador y propulsor de la vida legislativa participando en la tramitación de las leyes.

 

Así, indica, todas estas actuaciones diarias de las entidades del movimiento asociativo de la discapacidad y del Tercer Sector “son las que nutren de contenido al Derecho de la Discapacidad, conformándolo como una disciplina viva que se desarrolla a la par que la realidad de las personas con discapacidad”.

 

Para ella, es “necesario” que el conocimiento de esta materia llegue a todos los estudiantes universitarios y es indispensable que los futuros profesionales conozcan, asuman y trasladen a su ámbito de trabajo y relaciones sociales todas los principios y conceptos de la Convención de la ONU. “La verdadera inclusión social es un proceso, no una actuación aislada, por lo que hay que transmitirla en todas las etapas del sistema educativo español, siendo determinante la formación en la etapa universitaria”, subraya.

 

Por último, en cuanto al objetivo primordial que, en su opinión, debe marcarse en un futuro próximo es “continuar avanzando y no retroceder en logros conseguidos tras muchos años de reivindicaciones y trabajo”: continuar con la actualización de las normas que aún siguen sin estar adaptadas al amparo de la Convención, y acompañar los cambios legislativos de la correcta aplicación de las normas, como es el caso de la Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.